CONSTITUCIONALISTAS CUESTIONAN LA APLICACIÓN DE LA LEY UNIVERSITARIA POR PARTE DE LA SUNEDU

Más De 20 constitucionalistas entre ex presidentes y ex miembros del Tribunal Constitucional, advierten  que el abuso del Derecho, en una democracia, siempre genera responsabilidad.

En un Comunicado aparecido el día de hoy jueves 20 en un medio de comunicación del país, diversos constitucionalistas reiteraron su preocupación a las autoridades y a la opinión pública por el grave conflicto que subsiste entre las universidades y la SUNEDU, con relación a la aplicación de la Ley Universitaria, originando desgobierno y desconcierto en la comunidad universitaria.

Argumentan la violación  del artículo 18° de la Constitución Política del Perú donde expresa que: “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes” Acotan que la SUNEDU viene asumiendo, indirectamente, funciones del Poder Judicial, a través de la aplicación de Medidas Preventivas, aplicadas como Medidas Cautelares.

Asimismo, mencionan en su pronunciamiento, que  el Tribunal Constitucional en su resolución aclaratoria al Colegio de Abogados de Lima, precisa que la sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley nunca señaló fecha para el cese de autoridades universitarias, causando daños irreparables a la Universidad Peruana y a la persona en sus derechos fundamentales.

Afirman que  la SUNEDU ha invadido en forma ostensible los fueros del Congreso de la República y del Tribunal Constitucional por medio de una resolución que, no es otra cosa que una interpretación auténtica de la Ley Universitaria y no tiene competencia para interpretar la Ley Universitaria, porque es parte del Poder Ejecutivo.

Por último, hacen un llamado a las autoridades a una profunda reflexión acerca de las actitudes y el proceder arbitrario de la SUNEDU en la aplicación de la Ley Universitaria, cuya presidencia designada como cargo de confianza por el Presidente de la República a propuesta del Ministro de Educación, pretende gobernar la vida de las universidades públicas y privadas; transgrediendo los mandatos constitucionales y por ende, el Estado de Derecho en el Perú.